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Normativa interna de La Caixa sobre inversiones en armamento


La Caixa ha hecho público recientemente su informe anual de responsabilidad social corporativa, en el que hace mención explícita a una nueva normativa interna relativa a la financiación del sector armamentístico. 

De manera literal afirma que “La Caixa ha aprobado en 2010 una nueva normativa interna relativa a la financiación y el sector armamentístico” en virtud de la cual “la Caixa”, de acuerdo con su Código de Valores Éticos y de Principios de Actuación, no participará en operaciones de financiación o exportación de material bélico de uso militar”. 

Asimismo, la Entidad ”excluye cualquier tipo de relación comercial con empresas relacionadas con la producción o comercialización de minas anti-persona y/o bombas de fragmentación”. 

Aunque todavía existen interrogantes al respecto, ya que desconocemos el alcance real de su normativa interna, así como los mecanismos de información, control y cumplimiento de la misma.

De todos modos, se trata, sin duda, de una buena noticia, que hace que La Caixa haya dado un importante paso en el control de sus relaciones con el negocio de las armas, que responde en buena parte a las demandas que desde la campaña por una banca desarmada se realizan desde hace cuatro años, en concreto desde BBVA sin armas y Banco Santander sin armas, que trabajamos conjuntamente el Centro Delàs de estudios por la paz de Justícia i Pau, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y Setem. 

El objetivo de nuestra campaña es denunciar las relaciones de las entidades financieras con la industria armamentística y sensibilizar a los propios bancos y cajas de que eliminen de sus operaciones las relacionadas con las armas, especialmente con aquellas más controvertidas: minas antipersonal, bombas de racimo, bombas nucleares, armas de uranio empobrecido y otras armas de destrucción masiva.

En esta dirección es importante que el Estado español incorpore en la legislación nacional del Tratado de Oslo por la prohibición de las bombas de racimo, con la prohibición expresa de cualquier tipo de financiación de la producción y venta de bombas de racimo en cualquier lugar del mundo por las entidades financieras que operan en España. 

La Caixa parece haber dado este paso, lo que debería extenderse a todo el sector financiero español a través de la ley mencionada, que en estos momentos se encuentra en discusión parlamentaria.

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